Author: Esther Muñiz Espada
Committee: Agricultural and Environmental frauds committee
Date: 25/03/2024
La situación actual del medio agrario en el momento de escribir estas líneas está marcada por un descontento generalizado en el sector agro-ganadero, en buena medida por las exigencias burocráticas y la falta de rentabilidad necesaria para mantenerse en esta profesión. La presión sobre todo se está produciendo en relación con las obligaciones medioambientales, donde se concentra, por otro lado, la mayoría de los supuestos de fraudes. La dificultad de poder vender las producciones agro-ganaderas por encima de los costes es otro elemento de riesgo en la contratación, que desincentiva la permanencia en el sector y desincentiva de futuro el relevo generacional.
Una reflexión sobre los objetivos del desarrollo sostenible 2030 se impone, y podría añadirse que el Pacto Verde de la UE puede ser más que un apoyo a la PAC un obstáculo. Hay un exceso de obligaciones medioambientales que contradicen los objetivos tradicionales de la agricultura y, por tanto, del art. 39 del TFUE.
En los años 90 se inicia la transición ecológica de la UE y en 2013 se define la estrategia sobre cambio climático. Se inicia una nueva estrategia acorde a los criterios de la sostenibilidad y el cambio climático. El punto de inflexión en esta estrategia lleva la rúbrica de European Green Deal o Pacto Verde de la UE, 2020. Forma parte de las actuales transformaciones económicas, culturales, geopolíticas y, por supuesto, jurídicas. Se muestra con tal fuerza que el objetivo es convertirlo en una de las políticas de mayor trascendencia de los últimos años. Afecta a todos los sectores de la economía y la industria, pero especialmente a aquellos que más se relacionan con la transición ecológica, como la agricultura y la alimentación, lo que implica al desarrollo rural.
En torno a la PAC, las propuestas de cambio en este contexto comenzaron por un debate público sobre la reforma de la PAC de 2013 y se planteó su capacidad para ayudar a responder de forma adecuada a las dificultades generales pendientes en el sector agrícola: relacionadas con la protección del medio ambiente, las medidas contra el cambio climático y el logro de un tejido económico y social sólido en las zonas rurales de la UE; en especial, habida cuenta de las oportunidades que estaban surgiendo en los ámbitos del comercio, la bioeconomía, la energía renovable, la economía circular y la economía digital. Todo ello se profundiza ahora en el conjunto de los nuevos reglamentos de la PAC 2021.
En su programa de trabajo en 2017 la Comisión llevó a cabo una amplia consulta sobre la simplificación y modernización de la PAC para maximizar su contribución a las diez prioridades de la Comisión y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En la Comunicación titulada El futuro de los alimentos y de la agricultura, adoptada el 29 de noviembre de 2017, se presentaban y analizaban las posibles vías para lograr una PAC orientada al futuro de una manera “más moderna”, liderando la transición hacia una agricultura “más sostenible”, y con la misión de promoción de un desarrollo rural igualmente sostenible en toda la Unión. En particular, la Comisión destacaba entre las principales prioridades para la PAC posterior a 2020 una mayor ambición en los sectores del medio ambiente y la acción por el clima. De este modo, desde la PAC post 2020 el objetivo sería esencialmente el impulso de medidas en los ámbitos del medio ambiente y del clima.
Así, pues, el conjunto normativo se centra en todo lo relativo a la protección del medio ambiente y ampliación de la agricultura ecológica, pero, asimismo, y, sobre todo, a frenar el cambio climático.
Todo ello constituye ahora las nuevas bases para un desarrollo rural con reforzados criterios, con criterios más ambientalistas, por lo que con razón no haya dejado de cuestionarse el proceso de erosión de la disciplina agraria en beneficio de la materia ambientalista. En todo caso, nos encontramos en una fase de transformación que determina cambios jurídicos normativos muy significativos.
A todo ello se añade que la comentada Ley de restauración de la naturaleza incide en nuevas obligaciones, cuyas críticas no se han hecho esperar, señalándose que “pondría en peligro el sustento de los agricultores europeos, interrumpiría las cadenas de suministro establecidas desde hace tiempo, disminuiría la producción de alimentos, elevaría los precios para los consumidores e incluso acabaría con las zonas urbanas para dar paso a espacios verdes” -PPE, vid. en euronews.com-. El sector agrario ha culpado directamente a la normativa medioambiental de la excesiva carga burocrática.
Todo ello afecta especialmente a España, porque cuenta con espacios protegidos superiores al promedio europeo, Red Natura 2000 afecta casi al 30% del territorio y se cuenta con Reservas de la Biosfera en una posición privilegiada, supone el 12,4% de la superficie, y Castilla y León es una de las comunidades con más Reservas de la Biosfera de España.
A todo ello, se añade, así mismo, las exigencias relativas al Reglamento (UE) 2023/1115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2023, relativo a la comercialización en el mercado de la Unión y a la exportación desde la Unión de determinadas materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal. En concreto, incide sobre estos productos: ganado bovino, madera, aceite de palma, soja, cacao y café.
Las reacciones a las nuevas políticas no se han esperar: la prensa informaba recientemente del descontento del sector agropecuario, por ejemplo, en Francia, debido a la “subida de gastos, prohibición de pesticidas, competencias de productos ucranianos, indemnizaciones de la crisis sanitaria con retrasos…y así una larga lista de agravios que han quemado la paciencia de un sector que ha decidido pasar en Francia, como en otros lugares de Europa, a un nivel de presión superior hacia las administraciones” (informaba el periódico La Razón el 22-1-2024). El citado periódico explicaba que “El principal sindicato agrícola (FNSEA) estudia la convocatoria de una gran protesta nacional durante las próximas semanas si las conversaciones con el nuevo Ejecutivo francés se estancan. Hoy lunes el primer ministro, Gabriel Attal, se reune con el presidente de FNSEA, Arnaud Rousseau, en un encuentro que demuestra como el gobierno francés ha comenzado a reaccionar ante el temor de que estalle una grave crisis. En cuestión de horas el ejecutivo galo ha multiplicado sus actos y contactos con el sector, siendo consciente de que el campo puede ser una bomba de relojería a siete meses de los Juegos Olímpicos de París y con la campaña de las elecciones europeas a la vuelta de la esquina”, ib.
Las manifestaciones se han sucedido en toda Europa.
Por lo que se refiere a España, el diario El Norte de Castilla informaba, el 9 de enero de 2024, que una asociación agraria anunciaba movilizaciones en demanda de unos precios de producción «razonables» hasta que los costes de producción resulten asumibles. Se podría decir que de nuevo la eterna batalla de precios de venta al siguiente eslabón por encima de los costes de producción, ahora bajo unas condiciones cada vez más complicadas, y siempre presente la crítica de una burocracia excesiva por parte de Bruselas.
Sobre aquello que recae mayor presión en el cumplimiento de obligaciones se produce un mayor nivel de fraudes. Por ello, es ya urgente hacer un balance de los resultados de la aplicación de estas normas y determinar cómo se van produciendo sus efectos, dónde es necesario intervenir y corregir y como modificar o qué suprimir. De ello depende la rentabilidad de este sector y de ello depende el modo reducir el nivel de fraudes. Fraudes que en este contexto no sólo afectan a las cuestiones económicas, sino a algo más importante que es la salud de los ciudadanos y la salubridad de los alimentos.